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Antonio Pasquali. Una práctica intelectual entre América Latina y Europa (1979–1989)

Published onJul 03, 2022
Antonio Pasquali. Una práctica intelectual entre América Latina y Europa (1979–1989)
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Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar cómo la participación de Antonio Pasquali en organismos internacionales dedicados a la cultura —principalmente desde la UNESCO— potenció la presencia de los estudios latinoamericanos de comunicación en el debate internacional. Pensar su trayectoria en espacios de investigación y cooperación en comunicación transnacionales, nos va a permitir explorar las condiciones de producción de diálogos interinstitucionales que viabilizaron la formación de asociaciones regionales, como la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC). Para cumplir con ese objetivo, vamos a pensar a Pasquali como un mediador intelectual que operó como conector entre espacios de producción intelectual transnacionales y con tradiciones diversas. Seguir la trayectoria académica e institucional de Pasquali entre 1979 y 1989, dada su conexión con espacios múltiples de organización cultural e investigación comunicacional, permitirá analizar las tensiones que atravesaron el proceso de institucionalización de los estudios de comunicación latinoamericanos a lo largo de los años ochenta del siglo XX.

Abstract

The objective of this work is to analyze how Antonio Pasquali’s participation in international organizations dedicated to culture — mainly UNESCO — enhanced the presence of Latin American communication studies in international debates. Thinking about his trajectory in transnational communication research and related spaces of cooperation will allow us to explore conditions that produced inter-institutional dialogues that helped form regional associations, such as the Latin American Association of Communication Researchers (ALAIC). To fulfill this objective, the essay casts Pasquali as an intellectual mediator who operated as a connector between transnational spaces of intellectual production and diverse traditions. Following the academic and institutional trajectories of Pasquali between 1979-1989, given their connection to multiple spaces of cultural organization and communicational research, illuminates tensions involved in the process through which Latin American communication studies were institutionalized in the 1980s.


Introducción

Antonio Pasquali (1929-2019) es considerado uno de los teóricos e intelectuales más destacados de los estudios en comunicación en América Latina.1 Además de constituirse en una referencia académica para las escuelas y facultades de comunicación de la región, entre 1978 y 1989 Pasquali ocupó distintos cargos de gestión en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Durante la dirección general de Amadou-Mahtar M’Bow en la UNESCO, entre 1978 y 1983 fue Sub-director General Adjunto del sector de la Cultura y Comunicación, en 1984 ocupó la Sub-dirección General del Sector de las Comunicaciones y, finalmente, entre 1986 y 1989 fue Coordinador Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, y Director del Centro Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe (CRESALC) con sede en Caracas.

Dada su notable trayectoria en el campo de los estudios en comunicación y cultura en América Latina, el objetivo de este trabajo es analizar cómo la participación de Antonio Pasquali en organismos supranacionales dedicados a la cultura —principalmente desde la UNESCO— potenció la presencia de los estudios latinoamericanos de comunicación en el debate internacional. Pensar su trayectoria en espacios de investigación y cooperación en comunicación internacionales, nos va a permitir explorar las condiciones de producción de diálogos interinstitucionales que viabilizaron la formación de asociaciones regionales, como la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC).

Para cumplir con ese objetivo retomamos la conceptualización de “mediador intelectual” que Mariano Zarowsky utilizó en su análisis sobre Armand Mattelart,2 para pensar a Antonio Pasquali como un agente que operó como conector entre espacios de producción intelectual transnacionales y con tradiciones diversas. Con la idea de “mediador” se problematizarán, complementariamente, los procesos de circulación internacional de las ideas entre Latinoamérica y Europa en los dos sentidos del movimiento: del centro a la periferia y de la periferia hacia el centro, movimiento que, consideramos, pone de relieve distintas redes internacionales de sociabilidad intelectual.3 Un modo de pensar lo transnacional, de acuerdo a Johan Heilbron, Nicolas Guilhot y Laurent Jeanpierre, es estudiar “las conexiones y la circulación de las ideas, personas y productos culturales a través de las fronteras nacionales”.4 Desde esta perspectiva, lo transnacional se constituye como un enfoque histórico particular que se centra en los movimientos, flujos, circulación e intersección de personas, ideas y bienes a través de fronteras políticas y culturales.5

Raymond Williams plantea que al estudiar cualquier periodo pasado, lo más difícil de aprehender es esa “sensación vívida” de la experiencia particular: identificar “cómo se combinaban las actividades específicas en un modo de pensar y vivir”.6 Para trabajar sobre ello, tomamos la decisión teórico-metodológica de realizar análisis documentales y elaborar entrevistas. Los testimonios, sigue Williams, son claves para intentar aprehender y analizar las “sensaciones” y la “experiencia concreta” a través de las cuales los agentes elaboraron ciertas reflexiones. La utilización del testimonio oral se presenta como una instancia para dar cuenta, retrospectivamente, del “registro reflexivo sobre una acción”, según Anthony Giddens,7 porque permite destacar la vivencia de los actores respecto a su propia práctica e itinerario vital, esto es, incorporar el sentido subjetivo que estos le daban en cada momento a su acción. Según afirma el historiador François Dosse, la utilización del testimonio oral permite que emerja “el momento de subjetivación del instante” que da cuenta de una dimensión de “intensa afectividad”.8

Seguir la trayectoria académica e institucional de Pasquali en este periodo, dada su conexión con espacios múltiples de organización cultural e investigación comunicacional, permitirá analizar las tensiones que atravesaron el proceso de institucionalización de los estudios en comunicación latinoamericanos a lo largo de los años ochenta. Para dicho propósito, analizaremos la conformación de encuentros y congresos académicos en la región, fundamentalmente los debates que se produjeron en 1980 en la XII Asamblea General y Conferencia de la Association Internacionale des Études et Recherches Sur L’Information et la Communication (AIERI) que organizó en Caracas el Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO), como así también los debates intelectuales suscitados en las revistas de investigación más importantes de esa época, como Chasqui y Comunicación y Cultura.

En un contexto integral, que incluye a otros académicos como Juan Somavía y Fernando Reyes Matta, entre otros, nos preguntamos acerca del papel que jugaron los intelectuales latinoamericanos en la producción de las ideas en comunicación. Es decir, indagar la posición que ocupó Venezuela en particular y América Latina en general, como polo de producción de saberes en comunicación, en el marco de los debates internacionales sobre la circulación y el flujo de la información.

De la academia a la UNESCO

Hacia finales de los años setenta, Antonio Pasquali era considerado como uno de los más importantes teóricos de la comunicación en América Latina. Sus libros Comunicación y cultura de masas [EBUC, Caracas, 1964], El aparato singular [UCV, Caracas, 1967] y Comprender la comunicación [Monte Ávila, Caracas, 1978], le dieron visibilidad a nivel regional; dictaba, además, cursos y seminarios en distintas universidades sudamericanas. Al mismo tiempo, era un referente en términos de elaboración de políticas culturales y comunicacionales a partir de su experiencia en Venezuela como director del Comité de Radio y Televisión durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), en el que se diagramaron políticas vinculadas a la democratización de la producción cultural y comunicacional.

El proyecto de una radiodifusión y televisión del Estado venezolano se denominó Proyecto RATELVE. La orientación general de la propuesta del equipo liderado por Pasquali9 entendía a la comunicación en estrecha relación con la organización política de lo social. El Estado debía convertirse en el rector de la comunidad para defender y promover la libertad, la igualdad, el desarrollo y la independencia del pueblo. La clave pasaba por entender a la radiodifusión como un servicio público definido como aquel que, administrado por el Estado, debía servir a los intereses colectivos, “armonizando el uso de la radio y la televisión con los objetivos de desarrollo nacional”.10 Para ser un “auténtico servicio público”, la radiodifusión debía adaptarse a las necesidades sociales y culturales de la comunidad. La necesidad fundamental, según el proyecto, era que todos los ciudadanos tuvieran acceso al uso de la radiodifusión como un derecho otorgado por el Estado con fines educativos, informativos y entretenimiento, orientado a la integración nacional y cultural del país.11

Entre 1975 y 1976, Pasquali no solo era una figura destacada a nivel nacional sino que articulaba espacios locales vinculados a la investigación sobre políticas de comunicación con los organismos internacionales. Desde enero de 1975 había consolidado su vínculo con la UNESCO y se comenzó a “estudiar la posibilidad y conveniencia de asumir un encargo regional”.12 En paralelo, en 1976 Pasquali participó como delegado del gobierno venezolano en la Reunión de Expertos gubernamentales que tuvo lugar en la sede de la UNESCO en París para producir el documento “Acceso y participación de las masas populares en la cultura”. En calidad de experto internacional y simultáneamente como “hombre de Estado”, el mismo año participó en la Reunión Preparatoria de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales a desarrollarse en Jamaica.13 Uno de los espacios claves desde los cuales se conectaba lo nacional y lo internacional, era el ININCO, que había sido fundado por Pasquali en 1974 en Caracas, y fue su primer director hasta 1978. Elizabeth Safar, por entonces miembro del ININCO, recuerda que los primeros proyectos de investigación habían sido realizados para la UNESCO, por ejemplo, estudios sobre políticas de comunicación, informes para el Centro Interamericano de Adiestramiento en Comunicación para Planificación Familiar y Población, análisis para el Instituto Nacional de la Vivienda e investigaciones sobre la legislación de la comunicación en el país.14

Tras una serie de reuniones con el organismo, el 14 de septiembre de 1978 Pasquali asumió formalmente el cargo de Sub-director General Adjunto para el Sector de Cultura y Comunicación. Amadou-Mahtar M'Bow, director general de la UNESCO, consideraba que la incorporación de Pasquali se debía a su experiencia como “presidente del Comité para el Estudio de la Política de Radiodifusión del Estado y como miembro principal del [Consejo Nacional de la Cultura] CONAC”. También, se estimaban sus relaciones con el organismo desde 1976, dado que Pasquali había sido “consultor para las conferencias sobre políticas de comunicación y políticas culturales en América Latina y el Caribe”.15 El teórico contaba con el apoyo del gobierno venezolano. En una carta dirigida a Pasquali, el Ministro de Estado para Ciencia y Tecnología, José Luis Salcedo-Bastardo, le manifestaba a aquel que “estaba seguro” que no “defraudaría el apoyo” que le había brindado “el Presidente Carlos Andrés Pérez, ni la confianza que siempre ha[bía] tenido en sus méritos personales y docentes”.16

Entendemos que la expertise desarrollada por Pasquali en su trabajo sobre las relaciones entre medios de comunicación y la formulación de políticas públicas, se había vuelto un capital valorado por la UNESCO dado el proceso que estaba atravesando la institución. Era un contexto, sostienen Fernando Quirós y Francisco Sierra Caballero,17 en el que desde la Conferencia de Argel de 1973, el Movimiento de Países No Alineados había comenzado a actuar “de forma concertada en la ONU y sus organismos especializados” para incorporar, en la agenda del debate internacional, dos proyectos: uno vinculado a el Nuevo Orden Económico Internacional y otro sobre el Nuevo Orden Internacional de la Información (NOII). Los proyectos, que contaron con el apoyo del Grupo de los 77,18 la Unión Soviética y los países socialistas, hicieron de la UNESCO un escenario de disputa geopolítica.

En 1977, en el marco de la XIX Conferencia General en Nairobi, la UNESCO había creado la Comisión Internacional de Estudio de los Problemas de Comunicación19 con el objetivo de analizar el problema de la “difusión internacional de la información” y de la “dependencia en materia de comunicación”. Se trataba de una situación, argumentaba la Comisión, en la que se estaba “poniendo en tela de juicio” el “orden mundial de la información”.20 Al momento del ingreso de Pasquali, la Comisión ya se había reunido en tres oportunidades entre 1977 y 1978. En dichas reuniones se habían establecido las “preguntas principales” que orientarían el trabajo y las investigaciones: “cómo garantizar el derecho a comunicar”, qué se entendía por “nuevo orden mundial de la información” y qué “por circulación libre y equilibrada de la información”.21 Estas cuestiones que ocupaban a la UNESCO se vinculaban a problemas que un sector de la intelectualidad en comunicación de América Latina venía trabajando y desplegando. Sobre todo entre los investigadores nucleados en el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET) en México y del ININCO en Venezuela, en el seminario sobre el papel de la información en el nuevo orden internacional que se realizó en mayo de 1976 en México. Allí, tal como relata Oswaldo Capriles —que participó como miembro del ININCO—, los tópicos centrales se vincularon a la “nueva estructura jurídica para las comunicaciones internacionales” y al “papel de la información en el nuevo orden internacional”.22 Allí se denunciaba que los “procesos académicos” reproducían “conceptos y principios sobre la Información y la Comunicación Social” del “primer mundo” y no hacían “énfasis” en las producciones académicas locales, es decir, en el “aporte conceptual del Tercer Mundo”.23

Institucionalizar la investigación en comunicación en América Latina

A través de distintos encuentros y reuniones, como las organizadas por la AIERI, se potenció la convergencia entre investigadores. Elizabeth Safar recuerda que en la XI Conferencia de la AIERI celebrada en septiembre de 1978 en Varsovia, se produjeron dos hechos de relevancia. En primer lugar, con la mediación de Pasquali desde su posición al interior de la UNESCO, la Asamblea General aprobó que el ININCO y la Universidad Central de Venezuela organizaran la XII Conferencia de la AIERI y que la sede del evento fuera Caracas. En segundo lugar, un conjunto de investigadores latinoamericanos, entre quienes se encontraban Pasquali, Elizabeth Safar, Marco Ordoñez, Aníbal Gómez y Patricia Anzola, se reunieron a discutir sobre la necesidad de fundar una asociación de investigadores a nivel regional.24

La formación de la ALAIC fue así traccionada por fuerzas diferentes. Un proceso regional de circulación de investigadores con preocupaciones vinculadas a la relación entre medios masivos, cultura y procesos políticos, en un marco en el que la UNESCO venía promoviendo y articulando instituciones e investigaciones en la Comisión MacBride. Pasquali operó como conector entre ambos procesos. Aníbal Gómez, primer director de la ALAIC, consideraba que había sido un hecho “clave” la llegada de Pasquali a la UNESCO porque había potenciado la posición latinoamericana en las “redes internacionales de investigadores” de la comunicación.25 En efecto, a la par de los encuentros realizados en América Latina, se habían ido conformando asociaciones en distintos países. La primera de ellas, creada en 1972, había sido la Associação Brasileira de Pesquisa e Ensino da Comunicação (ABEPEC). Para 1977 se había fundado la Asociación Venezolana de Investigadores de la Comunicación (AVIC). Ese mismo año surgieron la Asociación Colombiana de Investigadores de la Comunicación (ACICOM) y la Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. En 1979 se fundó la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación.

La formación de ALAIC da cuenta de un momento de cristalización de ese proceso heterogéneo y relativamente disperso que había caracterizado la emergencia de espacios de investigación en comunicación en la región hacia finales de la década de los setenta. La asamblea convocada por la AVIC y el ININCO que se realizó en noviembre de 1978 en Caracas, logró articular a referentes de la región como Mario Kaplún, Luiz Gonzaga Motta, Marco Ordoñez, Fernando Reyes Matta y Oswaldo Capriles, entre otros.26 Tal como quedó asentado en el Acta Constitutiva de la ALAIC, se postulaba como objetivo establecer un “organismo internacional científico-gremial sin fines de lucro, destinado a agrupar a Asociaciones, Instituciones e Individuos dedicados a la investigación científica en materia de comunicación”.

Si las redes nacionales de investigación en comunicación lograron instituir una asociación regional se debió también al impulso y a la legitimación que otorgaba la UNESCO en tanto organismo internacional. Los argumentos expresados desde París validaban la formación de espacios en distintas latitudes sosteniendo la necesidad de cooperación y desarrollo más allá de las fronteras nacionales. Esto se puede observar en el hecho de que unos días después de la asamblea fundacional de la ALAIC, la UNESCO organizó en Panamá una reunión en la que participaron una veintena de investigadores latinoamericanos de la comunicación y expertos del organismo con el objetivo de consolidar los estudios en la región. Se afirmaba que en el encuentro se había considerado a la ALAIC como “un instrumento imprescindible y un aliado de la UNESCO” para “asegurar en América Latina la promoción y la coordinación de los programas de investigación en comunicaciones”.27 La nueva asociación debía ser un nodo estratégico de construcción de enlaces entre investigadores latinoamericanos. En los Estatutos de la ALAIC se puede leer un programa de acción para una franja de la intelectualidad de la comunicación nucleada en institutos y centros que estaban dispersos por Latinoamérica. En un contexto de persecución y represión que alcanzaba también a la producción científica y cultural en los países donde gobernaban dictaduras militares, la conformación de la asociación también puede ser pensada como una apuesta de reorganización de la actividad intelectual especializada en comunicación que buscaba —como se afirma en sus estatutos— garantizar la “libertad científica para los investigadores de la comunicación en América Latina” y abrir espacios de edición, circulación y difusión de la “documentación científica sobre la especialidad”, preferentemente la que se producía en la región.28 Era, también, una posibilidad de reordenar un mercado especializado que en el cono sur había sido coartado por los gobiernos militares y, para un sector de la intelectualidad, se convertía en una oportunidad para incorporarse como productores de saberes.

La ALAIC pretendió establecer acuerdos con organizaciones de la sociedad civil y formar “cuadros de investigación de la comunicación” para que se reunieran en torno a los proyectos sociales y culturales “conducentes a cambiar” las sociedades latinoamericanas. En el estatuto, los fundadores de la ALAIC se declaraban interpelados por los “grandes problemas estratégicos como el Nuevo Orden Informativo Internacional” y el desarrollo de “políticas de comunicación que vayan en beneficio de los sectores mayoritarios de la sociedad latinoamericana”. Se postulaba que había que acompañar “especialmente” los debates y las discusiones que en esta materia se llevaban adelante en la UNESCO. Una de las cuestiones que se planteaban era la necesidad de repensar los programas de las instituciones académicas especializadas en periodismo y comunicación en América Latina. El dilema central era cómo reorientar la producción de saberes y teorías que —se caracterizaba— no daban cuenta de la especificidad de la región. Con ese objetivo se reunieron en diciembre de 1979, en Caracas, representantes de distintas universidades, escuelas y centros de comunicación latinoamericanos.29 Se privilegiaba como horizonte de estudio pensar a los medios de comunicación como “servicio público”, la defensa del derecho a la comunicación, el desarrollo de los mecanismos de acceso y participación y la “democratización de las estructuras comunicacionales”. En esta línea, a principios de 1980, a través de su Escuela de Comunicación Social y del ININCO, la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela inauguró la Maestría en Comunicación Social “Políticas y Planificación de la Comunicación Social en América Latina”.30

Desde nuestra perspectiva y objetivos, queremos destacar la posición central que adquiría entonces Venezuela como polo de producción de saberes en comunicación en la región, potenciada por el rol de Antonio Pasquali en una serie de instituciones y redes transnacionales como la comisión de la UNESCO. Esta posición le permitió a la Universidad Central de Venezuela reunir en la maestría en políticas y planificación de la comunicación a la elite intelectual del campo de la comunicación a nivel internacional. Además de los referentes locales, entre ellos Pasquali, dictaron cursos y conferencias Tapio Varis y Kaarle Nordenstreng (Finlandia), Herbert Schiller, Everett Rogers y Albert Hester (Estados Unidos), Luis Ramiro Beltrán (Bolivia), Juan Somavía (Chile), Marco Ordoñez (Ecuador), Armand Mattelart y Michèle Mattelart (Francia).

La AIERI en Caracas. Entre el informe MacBride y las democracias latinoamericanas

Entre el 25 y el 29 de agosto de 1980, se desarrolló la XII Asamblea General y Conferencia de la AIERI/IAMCR en la Universidad Central de Venezuela. Se estimaba que habían participado más de 300 investigadores de unos 60 países.31 Según el testimonio retrospectivo de Elizabeth Safar, Pasquali planteó en la conferencia de apertura los lineamientos generales que se iban a discutir a lo largo de las jornadas: afirmó que el “tema central” que convocaba por entonces a los investigadores de la comunicación era el “Nuevo Orden Informativo Internacional”.32 Las expectativas que Pasquali y todos los miembros del ININCO habían depositado en el evento se vinculaban a que el Instituto venía discutiendo con “la directiva de la AIERI” la necesidad de desplazar el eje del debate desde la cuestión “este-oeste” hacia las problemáticas “norte-sur”. Este giro para pensar “las estructuras internacionales de la comunicación” era una de las “razones básicas” por las cuales el Instituto había asumido la responsabilidad de organizar el evento.33 El desplazamiento se vinculaba con la presencia ineludible de referentes de la intelectualidad del “tercer mundo” en el debate sobre el flujo internacional de la comunicación y, según la posición del ININCO, ello permitía disputar los ejes y la orientación de las discusiones.

La Asamblea de Caracas se presentaba como una oportunidad para dar visibilidad al “tan esperado Informe MacBride”, “pieza clave para la definición de las políticas internacionales de comunicación”. El temario que organizaba el evento había quedado definido en torno al análisis de los desarrollos tecnológicos y sus implicaciones políticas, la reflexión acerca de las nuevas demandas para la formación profesional del periodista en un entorno de “transformaciones comunicacionales” y, por último, problematizar la relación entre medios, sociedad y Estado en el mapa más amplio de las relaciones transnacionales.34 Entre los prestigiosos referentes que participaron en la asamblea, estuvieron Elisabeth Noelle-Neumann (Alemania), Ithiel de Sola Pool, Herbert Schiller y Everett Rogers (Estados Unidos), Cees Hamelink (Holanda), Tomas Szecsko (Hungría), Peter Schenkel (Austria), Dallas Smythe (Canadá), Francesco Fattorello (Italia) y Kjeld Veirup (Dinamarca). Entre los “latinoamericanos” asistieron Héctor Schmucler (Argentina), Luis Ramiro Beltrán (Bolivia), Jesús Martín-Barbero (España) y Oswaldo Capriles (Venezuela). La polémica giró respecto a dos tópicos: las conclusiones de Un solo mundo, voces múltiples35 y acerca del debate sobre la relación entre investigación, tecnología y comunicación.

El “Informe MacBride” dejaba planteado que la comunicación era “un derecho fundamental” que debía ser garantizado en todas las naciones. Este énfasis se revelaba estratégico para postular la necesidad de “democratizar las comunicaciones”:36 si la producción y circulación de cultura y comunicación estaba concentrada, el derecho relativo a buscar, recibir y difundir información, no podría cumplirse. Se volvía indispensable que los países “formularan unas políticas globales de comunicación ligadas a la totalidad de los objetivos de desarrollo social, cultural y económico”. Para el proceso de “democratización”, la “explosión de la tecnología de la comunicación” ofrecía grandes posibilidades si se tomaba como base el principio de la participación de la sociedad en los nuevos procesos sociales.

Ante los planteos del Informe emergieron posicionamientos antagónicos: para los norteamericanos y europeos, era un trabajo “excesivamente politizado y tercermundista”; para los latinoamericanos, “sólo una buena plataforma para seguir avanzando”;37 era acusado de ser “demasiado complaciente frente a los sistemas tradicionales” sobre las cuestiones de la libertad de prensa y de la “tecnología importada” por los latinoamericanos. Por su parte, los delegados de la Unión Soviética, Líbano, Nigeria y la India, reflexionaba Peter Schenkel en la revista Chasqui,38 habían criticado que el Informe socavaba el NOII al haber subestimado “la función de la cultura de masas occidental”, y que algunos de sus planteamientos parecían “inaplicables en muchas partes del mundo” si no cambiaban las relaciones de poder. Los investigadores norteamericanos, además, sostenían que era una propuesta que “iba demasiado lejos” y trataba de proponer una “tiranía estatal sobre los medios”.39 Sobre el papel de la investigación en el marco de la “nueva estructura de la comunicación internacional”, los referentes europeos y norteamericanos asumieron una posición que veía, en la efectiva incorporación de los desarrollos tecnológicos a los procesos sociales, posibilidades de garantizar mayor libertad en el plano comunicacional y cultural. Hamelink consideraba que era necesario revisar los “viejos paradigmas” para que la investigación pudiera dirigir “exitosamente” a la tecnología hacia los fines que demandaba la sociedad.40 Por su parte, Sola Pool planteaba que la “actual revolución de las comunicaciones” permitiría un “flujo libre sin restricción”, “mayor diversidad” y que tal como se estaban reestructurando los medios masivos, “las comunicaciones serían menos controladas, más libres y dejarían de tener una sola dirección”.41

A diferencia de los planteos de algunos referentes europeos y norteamericanos, la relación entre investigación, tecnología y comunicación era, para un sector de la intelectualidad “tercermundista”, un problema eminentemente político. Las ponencias de Capriles, Martín-Barbero y Schmucler, con énfasis diversos, cuestionaban que la comunicación y las tecnologías fueran pensadas con una excesiva autonomía de las condiciones sociales, políticas y culturales. Capriles criticaba que tanto las Políticas Nacionales de Comunicación como el NOII revelaban una “insuficiencia” para inscribir a la comunicación en “análisis globales y macroestructurales”.42 Esta carencia tenía que ver con “la no comprensión de los fenómenos de la comunicación e información” en el “plano de la reproducción de los procesos productivos y las relaciones de dominación”. Asimismo, Martín-Barbero consideraba que ante una reflexión dominante que seguía pensando a la técnica desde una “concepción instrumentalista”, era necesario combatirla con un pensamiento que la reinscribiera en el “peso histórico” y en su “entramado político”.43 Schmucler, en tanto, planteaba un aspecto que se había vuelto problemático a lo largo de la Asamblea: la relación entre comunicación y democracia. El investigador afirmaba que una comunicación “verdaderamente democrática” solo podía ser alcanzada en el marco de la democratización del conjunto social.44 La postura de Schmucler era representativa de la posición de distintos investigadores de la región. En la crónica del evento publicada por José Ignacio Rey, se afirmaba que “los latinoamericanos” habían propuesto la relación entre comunicación y democracia como tema central para la siguiente asamblea de la AEIRI/IAMCR a realizarse en 1982 en París. Para la mayor parte de los investigadores de Norteamérica y Europa, “la democracia era un tema político y conflictivo” y la investigación científica debía quedar situada por “encima” de esas “polémicas”. Tras intensos debates, sigue Rey, el tema fue aprobado por una “amplia mayoría”.45

Las discusiones que emergieron a lo largo de la conferencia de la AIERI en Caracas, permiten afirmar dos cuestiones respecto al lugar de la intelectualidad “tercermundista” en el debate internacional: por un lado, que la Universidad Central de Venezuela y el ININCO se habían convertido en un polo destacado de reunión de especialistas a nivel internacional. Producto de las elaboraciones teóricas y de la experiencia de los académicos locales en los procesos vinculados a la formulación de políticas estatales de comunicación, Venezuela se había vuelto un escenario de relevancia para el debate intelectual a escala mundial. Por otro, y en consonancia con lo anterior, la presión que habían ejercido los intelectuales latinoamericanos en la organización de los temas centrales para la siguiente asamblea de la AIERI/IAMCR, permite leer una posición que —no sin conflicto— lograba instituir la agenda de problemas que merecían ser estudiados y reflexionados, al interior de una asociación que se presentaba como el máximo organismo bajo el que se nucleaban los investigadores de la comunicación a nivel internacional.

La relación Estado y comunicación. Entre la traición y el fracaso

Entre finales de los años setenta y principio de los ochenta se había empezado a incorporar el término “democracia” a las discusiones sobre las Políticas Nacionales de Comunicación. Lo que unos años antes aparecía como una preocupación relativamente aislada y emergente en un sector de la investigación, ahora cobraba una fuerza que transversalizaba las discusiones académicas de la comunicación. Esto representaba un giro al interior de la intelectualidad latinoamericana. Si hacia mediados de los setenta un sector de los especialistas e investigadores de la comunicación había visto en los procesos políticos la posibilidad de encarnar la democratización de las comunicaciones, ahora de lo que se trataba era de democratizar la sociedad. En un sentido más amplio, la pregunta tuvo un desplazamiento clave: desde qué políticas para democratizar la comunicación hacia la redefinición del papel del Estado en América Latina.

Este proceso se comprende en el contexto de las diferentes experiencias políticas que atravesaron a la región. Para 1976, cuando se celebró la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Comunicación en América Latina y el Caribe, con excepción de Venezuela, Colombia, México y Costa Rica, casi toda Latinoamérica estaba gobernada por dictaduras militares. Se produjo una heterogeneidad de posiciones en la intelectualidad. Una franja se radicalizó ideológicamente cuando percibió que las políticas llevadas adelante por los gobiernos de sus países, en especial los venezolanos, abrían una posibilidad de democratizar el modo de producción cultural y comunicacional. Como sostenía Oswaldo Capriles, había una oportunidad de operar el pasaje desde “las exigencias teóricas de los expertos a la práctica política”.46 Mientras que otro sector, fundamentalmente de Chile y Argentina, se radicalizó políticamente con una activa participación en la lucha revolucionaria. Intelectuales como Schmucler, Nicolás Casullo y Rubén Sergio Caletti, entre otros, tras la experiencia exiliar se propusieron rediscutir en términos “histórico-culturales y teóricos el fin de una época: el vanguardismo, los autoritarismos antidemocráticos, la crítica a las armas”.47

Los intercambios sobre estas cuestiones se produjeron y circularon en publicaciones especializadas y en distintos encuentros de investigadores en la región. La relación entre comunicación y democracia fue el tópico elegido para la reunión constitutiva del grupo de comunicación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), que se realizó en marzo de 1981 en Colombia.48 Allí se discutieron las distintas experiencias político-culturales latinoamericanas y se debatió sobre los ejes que debía tomar la investigación en comunicación. Se consideraba necesario repensar las relaciones de poder y superar los “análisis mecanicistas del funcionamiento de la sociedad”, en especial aquellos estudios que entendían al receptor como “un mero objeto pasivo”. Había que indagar la relación entre prácticas de comunicación y movimientos populares y pensar su “papel sustantivo” en la conquista de “una comunicación democrática en el continente”.49 Era un desplazamiento que, complementariamente, permitía “resemantizar” conceptos que antes habían sido entendidos como “trampas” de las empresas transnacionales de la comunicación: “libertad de prensa”, “libertad de expresión” y “objetividad” eran ahora demandas legítimas de una sociedad que quería estar informada y procuraba decir su propia palabra.

Lo que empezaba a cuestionarse eran los repertorios de acción de la intelectualidad latinoamericana para intervenir en el debate público. Repertorios que condensaban experiencias, habitus intelectuales, filiaciones políticas y escenarios nacionales que expresaban una trama de diferencias. En otras palabras, se estaban rediscutiendo las modalidades de intervención intelectual a la luz de las experiencias políticas de las dictaduras. Este era un dilema que progresivamente había ocupado la agenda académica y se vinculaba a la experiencia en la formulación de regulaciones para el sistema de medios. En Comprender la comunicación, Pasquali se había interrogado si la intelectualidad debía seguir por el camino de la formulación de Políticas Nacionales de Comunicación, considerando las dificultades para la aplicación efectiva de las regulaciones.

El debate respecto a las políticas de comunicación, no solo como campo de investigación sino como escenario de intervención intelectual, se materializó en distintos puntos de la región. En un artículo publicado en Chasqui, el investigador brasilero Luiz Gonzaga Motta sostenía al respecto que las experiencias de las políticas de comunicación no habían cambiado nada e incluso habían terminado por favorecer a los gobiernos autoritarios. Según Gonzaga Motta, las dictaduras habían incorporado a sus programas de gobierno consideraciones que las “fuerzas progresistas” del continente propusieron para democratizar la comunicación. El “fracaso” del encuentro en Costa Rica de 1976 se expresaba, continuaba el investigador, en que todos los países habían aumentado el control gubernamental en la comunicación con políticas que servían a la “dominación, la legitimización política y a la consolidación de los regímenes militares”.50

De todos modos, referentes como Pasquali y Beltrán se posicionaban de forma diferenciada respecto a las políticas de comunicación. Pasquali se incorporó a los debates promovidos por Chasqui que, entre 1982 y 1983, dedicó varios números a cuestiones sobre políticas de comunicación, comunicación popular y alternativa y sobre comunicación y democracia. En 1983, Pasquali afirmaba que si bien en América Latina “prevalecían las dictaduras militares”, el problema de la censura y de los controles estaba vinculado tanto al accionar estatal como a la “manipulación practicada por la iniciativa privada” que “había alcanzado una dimensión multinacional”, por lo que no debían descartarse la producción de regulaciones para el mercado comunicacional.51 Por su parte, Beltrán no creía que las recomendaciones de Costa Rica se hubieran convertido en “instrumentos de control represivo”. Entendía que los gobiernos dictatoriales no buscaban la democratización sino establecer regulaciones “caprichosas y dispersas” para dar la impresión de que respetaban la libertad de información. En cuanto al lugar del Estado en la formulación de políticas de comunicación, planteaba que si bien ya no era un “actor principal”, sí era un “árbitro inevitable e indispensable como respaldo a la aplicación de políticas”. La sugerencia de Beltrán, aun cuando pareciera “impracticable”, era la formación de consejos nacionales “pluralistas”, distanciándose así de la estatización.52

¿Se trataba de abandonar la vía de las Políticas Nacionales de Comunicación? ¿Qué otros caminos debían tomar los intelectuales de la comunicación? Gonzaga Motta exhortaba a los “profesionales teóricos y prácticos” de la comunicación a reorientar sus luchas partiendo de experiencias concretas y buscar modalidades alternativas de democratización. Para el investigador brasilero se había producido un claro problema: los intelectuales se habían abstraído de la “cuestión política” y al caer en la “trampa del tecnicismo”, la transformación de la comunicación se había tornado “un fin en sí mismo”.53 Un sector de los agentes del campo convocaba abiertamente a abandonar la discusión y a pensar diferentes alternativas. Uno de los proyectos revisteriles donde se condensó esta posición con más claridad fue en la revista Comunicación y Cultura.54 Entre principios y mediados de los años ochenta le dedicó espacio a discutir en torno a “los límites del debate internacional de la comunicación”. Las críticas elaboradas hacían énfasis en la problemática relación entre transformación comunicacional y cambio social; la crisis del tercer mundo como zona estratégica desde la cual construir proyectos políticos y los tópicos “silenciados” en el debate del Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación. Schmucler afirmaba que la crisis no era simplemente política sino la de un “modelo de entender” la sociedad que hacía aparecer al tercer mundo como una zona “homogénea”. Esto habilitaba a realizar operaciones ideológicas de “izquierda” y “progresistas” frente a un otro que era presentado como lo “reaccionario” a ser doblegado. Según Schmucler, la paradoja de que Estados Unidos se retirara de la UNESCO,55 ofrecía el “insólito hecho” de que, sin sus aportes económicos, ese camino de “transformación” ya no podía realizarse.56 Nicolás Casullo sostenía que en los encuentros “de los defensores del NOII” habían surgido importantes contradicciones que por lo general habían sido “poco analizadas”. En particular se volvían evidentes las “diferencias intratercer-mundo”.57 No se había formulado con “claridad la índole de los proyectos nacionales” que pudieran devenir en órdenes informativos de “real democracia y participación de los pueblos”. La “secundarización” de las especificidades nacionales había traído consigo que el debate silenciara las heterogéneas realidades políticas latinoamericanas, que iban desde gobiernos más o menos progresistas y democráticos a feroces dictaduras militares. Por su parte, Rubén Sergio Caletti consideraba que en los debates del NOII no se habían distinguido “formas concretas de Estado, de relación Estado-sociedad y del papel mismo de la información en ese vínculo”.58 Esta obliteración había tenido como “efecto negativo” que se impidiera la discusión sobre el “significado real del nuevo orden”. Dadas estas condiciones generales de agotamiento del contexto que lo había visto nacer y de las tensiones internas, finalizaba, “el NOII ha muerto”.59

En el marco de estos debates y a la luz de su propia trayectoria al interior de la UNESCO, se puede leer en el posicionamiento de Pasquali una apuesta al desarrollo de estrategias de cooperación internacional. El investigador venezolano consideraba que las nuevas discusiones sobre el derecho a la comunicación tendían a priorizar el “derecho de los públicos” por sobre los propietarios de los medios masivos. Si bien los estados nacionales ya no eran instituciones que garantizaban el derecho a la comunicación, Pasquali entendía que, antes que “abandonar” la apuesta intelectual de formular regulaciones para el sector de la cultura y la comunicación, se debían profundizar y fortalecer los lazos institucionales a nivel transnacional. Esto habilitaría un proceso de producción, circulación y consumo de bienes simbólicos que fomentaría el desarrollo social y cultural de los países del tercer mundo.60

El giro estratégico hacia las políticas culturales

De forma paralela a estos debates, se fueron organizando planes de cooperación promovidos por la UNESCO como el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC). En la XXI Conferencia de Belgrado se dictaminó que el PIDC tenía por objetivo “estimular, especialmente entre los países en desarrollo, acuerdos relativos al intercambio de informaciones, programas y experiencias”, como así también fomentar “la cooperación y la coproducción entre organismos de radiodifusión y de televisión”.61 Teniendo este programa como guía, en 1980 se conformó la Asociación de Radio y Televisión Estatales de América Latina (ARTEAL), a la que se adscribieron Costa Rica, Cuba, Honduras, Panamá, Perú y Venezuela. En 1984 la asociación cobró mayor potencia y visibilidad luego de un acuerdo entre el gobierno de Costa Rica con la UNESCO. En enero de ese año, el ministro costarricense Armando Vargas Araya62 junto a Pasquali —como representante de la UNESCO— suscribieron el memorándum “Reforzamiento de Cooperación e Intercambio entre Televisoras y Radioemisoras de Servicio Público de América Latina y el Caribe”.63 En la visión retrospectiva de Pasquali, un plan de características trasnacionales era una opción para fortalecer “desde arriba” los sistemas públicos de radio y televisión, e incluso para promover una mayor independencia del poder gubernamental. Si “desde abajo”, con el debate social y político en los congresos nacionales de América Latina no se habían logrado las transformaciones, una opción era interpelar a los estados desde un organismo regional que, al suscribirse al memorándum, los orientara a cumplir con ciertas demandas.64

A lo largo de 1984, los miembros de ARTEAL optaron por modificar su nominación hacia la de Unión Latinoamericana y Caribeña de Radiodifusión (ULCRA), con el objetivo de ampliar el espectro geopolítico y adherir a organismos del “tercer sector”, como las instituciones universitarias y religiosas.65 La nueva institución incorporó a representantes estatales de la Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, México, Nicaragua y República Dominicana. Pasquali fue una figura destacada en este proceso, primero como Coordinador Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe y, desde 1986, como director del CRESALC.66 Su posición al interior de la UNESCO le permitió motorizar a la Unión en el marco de los convenios de colaboración sur/sur de Cooperación Técnica de los Países en Desarrollo, que habilitaba el intercambio de experiencias entre instituciones de los países de la región. La ULCRA fue constituida como una institución cooperativa con sede en Costa Rica y representó a más de 200 organismos de comunicación audiovisual y de radiotelevisión de servicio público.67 En el proyecto de la ULCRA se puede leer que la cuestión política de la comunicación se fue desplazando desde una perspectiva de servicio público más vinculada con los problemas nacionales hacia una concepción amplia de “integración regional”.68 A pesar del “auge privatizador”, argumentaba Pasquali como coordinador de investigación de la ULCRA en octubre de 1986 en un encuentro en México, era “imperativo luchar por la creación, fortalecimiento y mejoría de los servicios públicos que estimularan el cooperativismo y la coproducción regional”. En ese marco y a diferencia de lo postulado en los tiempos del RATELVE, el “proyecto de integración” hacía énfasis en la “independencia” y en la “pluralización” del servicio público, concebido con autonomía tanto del poder político como del económico.69 Financiado por el erario público, debía responder a las necesidades de la sociedad y se debía promover la presencia “activa y concreta del usuario y de sus libres asociaciones en la gestión de las empresas de radiodifusión”.

La ULCRA debía asegurar el intercambio de la producción entre los países miembros y con otras regiones del mundo. En un contexto en el que se producía una “reconfiguración de la dependencia” hacia las áreas de la comunicación, la información y la cultura, afirmaba Pasquali, era necesario construir “sólidos mecanismos de intercambio regional” y “crear industrias culturales propias y capaces de exportar calidad”. Como medidas concretas, la ULCRA organizó en 1986 en Guadalajara, México, el I Mercado Latinoamericano del Audiovisual. Allí participaron 76 instituciones de 22 países en el que además de formalizarse acuerdos bilaterales de coproducción, intercambio, cooperación y apoyo mutuo, se compraron y vendieron “horas de programas de televisión” y de “programas de radio”. El II Mercado, organizado al año siguiente también en Guadalajara, según el testimonio retrospectivo de Pasquali,70 fue entendido por los referentes de la ULCRA como la “confirmación” del rol estratégico de la institución como enlace para fomentar el intercambio de producciones culturales en la región.

Desde la Unión se entendía que el sur del continente estaba atravesado por un proceso de fuerte atomización de su sistema de medios, por la desconexión entre sí y dependencia masiva de la importación de programación. Para contrarrestar este estado de situación y consolidar las industrias culturales, la ULCRA pretendió reducir la dependencia de la importación y promover la circulación de programas y servicios nacionales y regionales. La ULCRA presentó un análisis pormenorizado de la situación de los medios de comunicación en el continente y una propuesta política de cómo reorganizar el sistema de medios ante el estado de la cuestión. Consideraba fundamental estructurar un “Espacio Audiovisual Latinoamericano” para el cual era ineludible el establecimiento de “políticas nacionales de información/comunicación” que resguardaran la pluralidad cultural y política para “reafirmar la soberanía nacional y movilizar la participación de la comunidad”.71 Por eso se volvía “urgente” desarrollar sistemas e infraestructuras de comunicación e impulsar medidas tendientes a fomentar la distribución regional de “bienes audiovisuales y establecer normas comunes”.

En cuanto a su posicionamiento teórico, el proyecto de la ULCRA expresaba dos desplazamientos en lo referente a la formulación de regulaciones y estrategias para el sector de la comunicación y la cultura. Como advertimos anteriormente, el primero tenía que ver con un cambio de concepción en relación con la función del Estado. La investigadora Elizabeth Fox afirma que tras los regímenes militares y su accionar represivo sobre las instituciones políticas y culturales, cualquier responsabilidad gubernamental en lo referente a la radiodifusión o la prensa, volvió “sospechosa” la acción estatal.72 Eso generaba la necesidad de formar redes de integración regional en términos culturales, es decir, construir un mecanismo de circulación de productos audiovisuales que se complementara con los intercambios estrictamente económicos entre los países de América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo en que se procuraba la articulación interna, un “bloque cultural” buscaba constituirse para competir en el mercado internacional de bienes simbólicos. En esta concepción se producía un segundo desplazamiento: si históricamente la industria cultural había representado el carácter dominante de la lógica del capitalismo y era una acción política y comercial para “alienar” a las masas, era necesario repensarlas conceptual y políticamente. El objetivo, se afirmaba desde la ULCRA, era entender estratégicamente a las industrias culturales como posibilidad de revitalizar las economías regionales y “como instrumento de desarrollo económico, progreso social y consolidación democrática”.

También se puede leer un reposicionamiento intelectual de Pasquali respecto a las industrias culturales, inscrito en un desplazamiento más amplio de los estudios en comunicación latinoamericanos. En términos particulares marcaba una ruptura con su conceptualización de los años sesenta sobre la relación entre economía y cultura, mediada por sus lecturas de la Escuela de Frankfurt. Hacia 1988, en Caracas, durante una conferencia en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Pasquali afirmaba que toda “invectiva abstracta en contra de las industrias culturales” en el tercer mundo se volvía un “discurso reaccionario y de renuncia”. Se trataba de que los países de la región se convirtieran en “productores de bienes y servicios culturales, rentables y exportables”.73 Según Pasquali, esto le iba permitir a la región incorporarse al “pool de productores y emisores culturales”, distribuir riesgos y beneficios para generar mejores plataformas para los productores culturales locales. En ese marco, la comunicación ya no podía pensarse de manera aislada: era una dimensión clave al interior de una política cultural que —en línea con la propuesta de desarrollo históricamente estipulada por la UNESCO— debía promoverse desde el Estado en función de su horizonte estratégico para la organización de los procesos económicos y sociales. Se trataba, según recuerda Pasquali, de iniciar un proceso o un “camino” mediante programas y regulaciones estatales de democratización educativa, cultural y comunicacional.74

Palabras finales

En este artículo pretendimos analizar la participación de Pasquali como mediador intelectual entre los procesos de producción de conocimiento en comunicación que se estaban efectuando en América Latina y las preocupaciones político-culturales llevadas adelante por organismos supranacionales, como la UNESCO. De forma complementaria, consideramos que Venezuela en particular y América Latina en general se convirtieron en un destacado polo de producción de saberes en comunicación, en el marco de los debates internacionales sobre la circulación y el flujo de la información. Planteamos que la participación de Pasquali como mediador entre los dilemas que atravesaban a los investigadores de la comunicación y los organismos de cooperación internacional, fueron claves en el proceso de institucionalización de las redes de investigación en comunicación que estaban dispersas en América Latina, que llegó a su punto más alto con la fundación de la ALAIC.

En este contexto, en América Latina las discusiones sobre el NOII tuvieron unas dinámicas propias y diferentes respecto a las que traccionaban a la UNESCO. Los intelectuales latinoamericanos se vincularon a los “problemas de la comunicación” no simplemente como “teóricos” sino como militantes políticos. Este carácter implicó que expertos, profesionales e investigadores se relacionaran de formas diversas con los procesos políticos, de modos más o menos orgánicos: por ejemplo, Fernando Reyes Matta fue asesor en temas de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile durante el gobierno de la Unidad Popular y Juan Somavía había sido representante de la comitiva chilena en el Pacto Andino.75 Además, como vimos, un sector de la intelectualidad venezolana como Antonio Pasquali, Oswaldo Capriles y Héctor Mujica, fueron miembros del Comité de Radio y Televisión durante el gobierno de Carlos Pérez. La compresión política de lo comunicacional se anudaba al hecho de que una franja de la intelectualidad se incorporó activamente a distintas esferas del Estado y a organizaciones políticas entre finales de los años sesenta y mediados de los setenta.

Por otro lado, observamos que, al tiempo que se fueron transnacionalizando los itinerarios personales hacia mediados de la década de los setenta, producto de exilios y persecuciones estatal-policiales en el cono sur, se fue transnacionalizando el debate. Es decir, comenzaron a circular análisis sobre experiencias políticas y comunicacionales “nacionales” en las tramas de la región, conectadas con un mapa de problemas vinculado al mercado comunicacional latinoamericano o al orden informativo en un sentido más amplio, a nivel internacional. El problema de la circulación de la información, el rol del Estado y la democratización de la comunicación no surgió simplemente como una “cuestión teórica” al interior de la academia sino que se fue configurando como campo de discusión producto de una experiencia vital que conectó a distintas franjas de la intelectualidad de la comunicación. Desde las redes intelectuales y los proyectos culturales que se fueron gestando —a través de la UNESCO— como la ULCRA y los encuentros organizados en el Instituto para América Latina, se apostaba a finales de los años ochenta por un reordenamiento de los intelectuales del campo y producir trabajos de investigación y cooperación regional como modalidad de responder “con verdaderos planes de desarrollo” socioculturales a los nuevos procesos de “mundialización”.76

De todos modos, y aun cuando varios de los “planes” se fueron llevando a cabo, los proyectos regionales tropezarían con unas condiciones políticas y económicas de gran precariedad. Las redes se volvieron insostenibles en un marco de debilitamiento político y económico de los organismos internacionales que años antes habían sido garantía de financiamiento. La emergencia de políticas neoliberales que no tenían interés en fortalecer los servicios públicos de radio y televisión de la región se complementó con la progresiva disminución de los acuerdos multilaterales. Así, una franja de los intelectuales de la comunicación observó, siguiendo las palabras de Antonio Pasquali, que las políticas vinculadas a la producción cultural y comunicacional se fueron volviendo un escenario de intervención cada vez más hostil y problemático, un “trabajo sucio” en tiempos en los que comenzaba la hegemonía de las tendencias “privatizadoras”.77


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